ENTORNO A LA PRIVATIZACIÒN DE PEMEX
Acusan al capitalismo por impactos en cambio climático
La Paz, 17 mar (PL) Agrupaciones indígenas de Suramérica, académicos y representantes de organismos internacionales coincidieron hoy aquí en que el sistema capitalista es responsable del impacto en el cambio climático que afecta a los originarios.
De acuerdo con el boliviano Tomás Wanaka, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, su propio pueblo en Carangas ha sufrido los embates de la naturaleza, como consecuencia de políticas de depredación de bosques y lagos por parte de las trasnacionales.
En su saludo al seminario internacional “Custodia de los Pueblos Indígenas a la Diversidad Biocultural: Los efectos de la deforestación y de las emisiones de gas en el Cambio Climático”, el delegado de origen aimara, condenó los modelos de consumo de las naciones industrializadas.
En ese sentido, instó a que las conclusiones de este nuevo estudio no queden en letra muerta o en un simple reclamo a las Naciones Unidas.
También señaló la preocupación por el uso que hacen las empresas de los recursos naturales de la región, sobre todo los energéticos, que tienden a extinguirse.
En el foro, Ana maría Barbosa, representante del Fondo Indígena, recordó que los aportes de estos debates, que se extenderán hasta el venidero miércoles, serán presentadas en abril próximo al séptimo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, en ONU.
Barbosa destacó que los saberes indígenas y su relación tradicional y armónica con la naturaleza, permiten distinguir experiencias en el cuidado de la biodiversidad, las cuales deberán ser valoradas por los Estados.
En particular, dijo, peligra la cuenca amazónica, de ahí el énfasis de este cónclave en profundizar en esas normas milenarias y la práctica de la democracia al interior de las comunidades indígenas, que facilita la negociación con otros sectores.
La experta precisó a Prensa Latina que este tipo de seminario es organizado por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, entre otras instituciones.
En el encuentro, al que asisten líderes indígenas e investigadores de Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Brasil, entre otras naciones, agregó, se escucharán además propuestas concretas para conservar los ecosistemas naturales.
México no puede tolerar el crimen, la extraterritorialidad ni el injerencismo del gobierno colombiano
Por Santos Urbina
Por si fuera poco todo lo ocurrido a partir de la incursión y ataque del ejército de Colombia en territorio de Ecuador contra un campamento de las FARC, donde perdiera la vida una veintena de personas entre las que se encontraba el comandante guerrillero Raúl Reyes y su compañera, Olga Marín, —asalto criminal cometido en flagrante violación de las normas más elementales de la convivencia internacional y la dignidad humana—, distintos medios informativos de México han iniciado una campaña de acoso y linchamiento contra jóvenes universitarios y organizaciones mexicanas supuestamente ligadas a la organización guerrillera colombiana.
Información reproducida en los medios periodísticos a partir de acusaciones proporcionadas por supuestos “agentes de la inteligencia colombiana” que operan en México en colaboración con la “inteligencia mexicana”, donde se acusa a estudiantes y organismos civiles mexicanos de realizar actividades subversivas en colaboración con las FARC, aderezando infames imputaciones que los mismos medios ya habían publicado en otras ocasiones, con referencias injuriosas que en su momento fueron desmentidas por autoridades universitarias, funcionarios y entidades involucradas.
Esa tendenciosa inquisición sale a la luz pública en distintas coyunturas, ya sea para justificar la clausura de las oficinas de las FARC en México; ya sea como forma de presión para promover que las autoridades mexicanas le endilguen al grupo guerrillero más antiguo del Continente el estatus de “terrorista” que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia le imputan para oponer su terrorismo de Estado; ya sea para levantar infames cargos contra el principal contendiente mexicano a la Presidencia de la República, Manuel López Obrador, con la pretensión de involucrarlo con los grupos alzados en Colombia y crear una atmósfera de miedo a su alrededor para restarle votos y simpatías.
Hoy, luego de que se conoció que la joven universitaria azteca, Lucía Morett, resultó herida en la masacre urdida por el presidente Álvaro Uribe en contra de las FARC en la frontera con Ecuador, todo parece indicar que, de acuerdo a informaciones periodísticas no desmentidas, contando el patrocinio de la embajada de Colombia en México y, concretamente de su embajador Luís Camilo Osorio, se asegura que el injerencista e ilegal espionaje del gobierno colombiano en México tiene el aval de su contraparte mexicana.
Sin embargo, es evidente que las recientes acusaciones mediáticas infamantes en contra de mexicanos es una cortina de humo para desviar la atención del crimen cometido por el gobierno de Colombia y, en lo particular, para justificar el asesinato de connacionales que se encontraban en el lugar de los hechos, según publican los medios. Esto es totalmente inaceptable, por lo que causa extrañeza la actitud tolerante y displicente de las autoridades mexicanas encargadas de preservar la integridad de los ciudadanos mexicanos afectados y los interese de nuestro país.
La interesada pretensión de hacer extraterritorial el clima de sospecha, desconfianza, clandestinidad, incriminación, persecución y mentiras que tristemente vive Colombia promovido por el gobierno de Álvaro Uribe a pretexto de combatir el "terrorismo" no puede tener cabida en México, un país con historia y vocación guerrillera; donde los principales próceres fueron ejemplares guerrilleros, como Morelos, Guerrero, Zapata y Francisco Villa, por citar algunos de tantos héroes nacionales que formaron a esta grandiosa nación; o el ejemplo temprano de solidaridad internacional representado por nuestro ilustre héroe mexicano Francisco Javier Mina, aquél joven español Navarro que, invitado por Fray Servando teresa de Mier, desembocó en Soto la Marina, en 1816, al frente de 200 hombres de distintas nacionalidades procedentes de Inglaterra y Estados Unidos para sumarse a la lucha de independencia que entonces continuaba otro insigne guerrillero, Don Pedro Moreno, ofrendando su vida por nuestra patria a la temprana edad de 26 años.
Acaso se puede ignorar el origen del actual Ejército Mexicano nacido en la lucha guerrillera que desembocó en el poderoso movimiento social revolucionario de 1910 – 1917, que derrotó el ejército de casta que sostenía la anquilosada estructura feudal de la dictadura porfirista, o que, hoy mismo, representantes populares y dirigentes sociales mexicanos que participan en distintas instancias de la representación nacional militaron en organizaciones guerrilleras y luego se incorporaron a la vida política legal.
En México no tiene cabida el ilegal espionaje y la incriminación de mexicanos que simpatizan o estudian la lucha que libra el pueblo colombiano por lograr la paz con agrado del pueblo y liberarse del yugo imperialista; mucho menos la pretensión de extender el Plan Colombia a México, criminalizando las actividades legítimas de mexicanos en uso de sus derechos políticos y humanos. A México y Colombia los une una hermandad histórica, una fraternidad que resiste los embustes infamantes que hoy enderezan los representantes de los intereses militaristas yanquis.
Aquí tenemos la libertad de pensar en lo que se nos pegue la gana y publicarlo si queremos; como por ejemplo que Uribe, es una criminal comprobado, un cínico mentiroso que ha puesto en riesgo la seguridad internacional; un personaje que no tiene el más mínimo derecho a invadir otros países con el pretexto que sea, ni espiar a mexicanos en nuestro propio territorio; mucho menos a pretender justificar la muerte de nuestros compatriotas que, según las partes informativas fueron victimados en el artero ataque colombiano del 1° de marzo, y no por ello somos terroristas.
México, 7 de marzo de 2008.
Quién manda en México
Adolfo Gilly
La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.
El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.
Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.
Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.
Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.
Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.
Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.
Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.
Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).
Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.
El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.
Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.
¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?
¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?
Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.
Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.
El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.
En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.
