Crecen las agresiones contra radios comunitarias en Oaxaca

Ojarasca

Sócrates Vásquez García, de la radio mixe Jënpoj, reportó a Ojarasca que “en un contexto de repetidas amenazas, cierres y asesinatos, las radios comunitarias de todas las regiones de Oaxaca se reunieron a fines de agosto en Zaachila”. Los participantes “reclamaron el cese inmediato al hostigamiento, censura, persecución y desmantelamiento de los proyectos libres y comunitarios, así como el alto a la represión, desaparición y asesinato de periodistas y comunicadores”.

Estas radios indígenas “son un espacio de lucha de los pueblos y de la gente que trabaja para construir una vida digna”, añadió Vásquez García. “El Estado mexicano niega el libre acceso al espectro radioeléctrico y nos impide la información, comunicación y libertad de expresión, derechos colectivos fundamentales”.

Las radios comunitarias surgen de las comunidades, para servirlas. “Son medios colectivos, sin fines de lucro, no gubernamentales, que no realizan proselitismo religioso ni pertenecen a partidos o empresas”. En referencia a Radio Jënpoj, sostiene que “es un espacio que permite fortalecer y desarrollar nuestra cultura en una nueva perspectiva; contribuye a romper el aislamiento y promover el desarrollo integral de nuestras culturas”. En la reunión de Zaachila “se exigió una legislación que reconozca el derecho de los pueblos indígenas al uso, manejo y operación de los medios (tal como resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2007), y una legislación basada en los Acuerdos de San Andrés”.

Por su parte, Carlos Manzo, del Consejo Ciudadano de Unión Hidalgo, resaltó el “convenio de seguridad” que impulsan Ulises Ruiz y Felipe Calderón en Oaxaca. “La embestida contra las radios comunitarias, que se intensifica. A los asesinatos de las locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, de San Juan Copala, Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, se suma el intento de desalojo de La Palabra del Agua en Xochistlahuaca, Guerrero, y el asesinato de uno de sus principales promotores.

En este mismo sentido se inscriben las ordenes de aprehensión contra Miguel Cruz, activista y promotor oaxaqueño de Radio Plantón en sus coyunturas más críticas, así como de Radio Gueza”.

Otro antecedente es el asesinato el 24 de diciembre de 2007 de Placido Abraham López Castro, quien desde enero coordinaría la radio de San Pedro Yosotato.

Los jóvenes productores y locutores de Radio Totopo, dice Manzo, “se debaten por mantener vivo su derecho a comunicarse a través de la emisora, que transmite desde la Séptima Sección de Juchitán, el aguerrido barrio de pescadores y campesinos binnizás de la ciudad indígena más grande del país, fuertemente afectada su identidad por los megaproyectos que amenazan y ya operan en esta zona. A estos proyectos se han opuesto los compañeros, transmitiendo en su mayor parte en diidxazá, la lengua nuestra de los binnizá”.

Cabe recordar que el 3 de septiembre, elementos de la PFP catearon y desmantelaron una veintena de radiodifusoras “ilegales” en Juchitán Tehuantepec y Salina Cruz. Sólo permanecen al aire las radios Totopo, Binigulaza y TNT. La presunta causa fue una acusación de comerciantes de la región de que las estaciones “afectaban sus ventas”, y la denuncia del cacique radial Humberto Lopez Lena ante la SCT.

El 29 de agosto había sido desmantelada La Rabiosa, radio comunitaria de Huajuapan de León. La SCT y Cofetel confiscaron el transmisor y el equipo. El Nodo de Derechos humanos y la organización Cactus demandaron alto a la represión contra de los medios alternos que operan en el país. Su información “promueve los derechos de los pueblos”.